Una presentación judicial sacude los cimientos de la administración local en Concordia. Lo que comenzó como una observación administrativa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos ha escalado a una denuncia penal formal ante los Tribunales. El eje del conflicto radica en una ingeniería contable que permitiría a altos mandos municipales percibir ingresos dobles, eludiendo presuntamente las normativas previsionales vigentes. Mientras el gremio ATE y agrupaciones de jubilados exigen transparencia, la justicia deberá determinar si existió una maniobra orquestada para encubrir relaciones laborales bajo figuras “ad honorem” que, en la práctica, habrían sido remuneradas.
Denuncia penal en Tribunales: ATE y jubilados contra la gestión municipal
En la mañana de este lunes 6 de abril, la seccional Concordia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a la Mesa Coordinadora de Jubilados y el Movimiento Surge, formalizaron una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública. La presentación busca que se investigue la “posible incompatibilidad” de funcionarios del intendente Francisco Azcué, quienes estarían vinculados al cobro simultáneo de jubilaciones provinciales y retribuciones por sus tareas actuales en el municipio. Según el gremio, esta situación no solo vulnera la ética pública, sino que configuraría un perjuicio directo a las arcas estatales y al sistema previsional.
Los nombres bajo la lupa: Funcionarios e intimaciones de la Caja
La investigación judicial pone el foco en una lista de nueve funcionarios que fueron notificados formalmente por el organismo previsional provincial en enero pasado. Entre los nombres más destacados figuran Carlos Gatto, subsecretario de Educación y Cultura, y el ingeniero Federico Schattenhofer, secretario de Desarrollo Productivo y presidente del EDACC. La nómina se completa con Luis Víctor Costa, Claudia Silvina Perillo (quien renunció en febrero), Patricia Elena Jaluf, María de los Ángeles Méndez, Nélida Elsa Amam, María Carolina Pérez y María José Umedez. La Caja de Jubilaciones advirtió que estas situaciones podrían configurar evasión de aportes y contribuciones, ya que el vínculo laboral activo obligaría a realizar los aportes correspondientes.
El “Código 600”: La ingeniería administrativa para eludir aportes
La denuncia detalla una modalidad administrativa que se repite en los decretos de nombramiento. Los funcionarios son designados inicialmente con la fórmula “ad honorem”, aclarando que el cargo se desempeña “sin liquidación del mismo” para evitar el conflicto previsional inmediato. Sin embargo, posteriormente se emitiría otro decreto asignándoles el denominado “Código 600”. Esta partida presupuestaria se utiliza para otorgar adicionales no remunerativos, como gastos de representación, que se canalizan mediante recibos de sueldo sin realizar aportes jubilatorios. Para los denunciantes, esta modalidad representa una relación laboral encubierta, activando de hecho la incompatibilidad entre el estado de jubilado y la función remunerada.
Antecedentes y consecuencias: El caso Margaritini y las intimaciones
El conflicto tiene un precedente cercano: a mediados de 2025, el entonces subsecretario de Salud, Germán Margaritini, dejó su cargo a pocas semanas de asumir tras reconocer la incompatibilidad entre su jubilación y el sueldo político. A diferencia de aquel caso, los actuales funcionarios habrían continuado en sus puestos bajo el esquema cuestionado. Ante esta situación, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ya comenzó a cursar intimaciones tanto al municipio como a los beneficiarios individuales, exigiéndoles que regularicen su situación o devuelvan los montos percibidos de forma indebida, mientras la fiscalía local inicia el análisis de las pruebas presentadas este lunes.
Diario Río Uruguay
