Un empleado de la Municipalidad de Concordia ha sido cesanteado tras una investigación que reveló más de 50 días de inasistencias injustificadas y la realización de actividades en una peluquería durante su horario laboral. La defensa del agente despedido ha impugnado la decisión y ha llevado el asunto a la Justicia.
Causa del despido
El despido fue formalizado mediante el Decreto Nº 594/2026 y se originó en un sumario administrativo realizado por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos. Según la investigación, el trabajador, que estaba asignado a la Dirección de Higiene Urbana, se ausentaba de sus funciones para atender una peluquería situada en la calle Santa María de Oro.
Defensa del empleado
La abogada del empleado, María de los Ángeles Petit, cuestionó el procedimiento utilizado en el sumario y argumentó que el despido no era firme, señalando que hubo irregularidades en el proceso. Petit sostuvo que el trabajador había estado en la administración municipal durante 28 años y había presentado justificaciones por su ausencia durante el periodo investigado.
Repercusiones del caso
La situación ha generado un amplio debate, especialmente tras la reciente difusión de los hallazgos de la investigación. La administración municipal defendió su decisión, enfatizando su compromiso de fortalecer los controles internos y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Sin embargo, la defensa argumenta que el empleado no tuvo la oportunidad de presentar adecuadamente su defensa antes de la sanción.
Próximos pasos judiciales
La abogada Petit ha llevado la controversia a la Cámara Contencioso Administrativa, donde se tramitarán acciones legales en respuesta a la cesantía. Además, cuestiona la forma en que se notificaron las decisiones, señalando que el despido se comunicó el mismo día que se rechazó un pedido de suspensión de plazos, lo que podría haber limitado la defensa del trabajador.
Conclusión
El caso subraya la tensión entre la administración pública y los derechos de los empleados, con la Justicia como la próxima instancia que deberá evaluar la legalidad del proceso y las reclamaciones que pudieran surgir de esta situación.
Fuente: El Once
