El Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, ha manifestado su preocupación ante el nuevo régimen penal juvenil que se implementa en el país, señalando que podría aumentar significativamente las intervenciones judiciales sobre adolescentes, incluso en situaciones que anteriormente no requerían un proceso penal.
Preocupaciones sobre la reducción de la edad de punibilidad
Benítez cuestiona tanto la reducción de la edad de punibilidad como la ampliación de los delitos que caen bajo este nuevo sistema. Anteriormente, los adolescentes no eran considerados punibles por delitos menores, como lesiones leves o amenazas, cuando las penas no superaban los dos años de cárcel. Con la nueva normativa, estos casos podrían pasar a ser judicializados.
Ejemplos cotidianos en el ámbito escolar
El Defensor planteó un ejemplo que ilustra su preocupación: “Una denuncia por una pelea de chicos en un recreo podría llevar a un proceso penal bajo esta ley”, lo que antes no se consideraba un delito grave.
Impacto en la Justicia y la litigiosidad
Benítez anticipa que la nueva normativa podría incrementar la carga de trabajo en el sistema judicial, generando un aumento en el número de expedientes. Además, criticó que la respuesta a los delitos cometidos por jóvenes se enfoque únicamente en la aplicación de sanciones, mencionando que “el proceso penal no le hace bien a nadie”.
Consideraciones sobre la situación en Entre Ríos
A pesar de reconocer que la provincia no enfrenta una crisis comparable a otras jurisdicciones, Benítez enfatizó la importancia de abordar cada caso grave con seriedad. “Cuando un adolescente comete un delito de gravedad, algo anda mal”, afirmó, sugiriendo que deben considerarse factores como adicciones, salud mental y condiciones sociales.
La violencia juvenil en el contexto actual
Durante la entrevista, Benítez mencionó que en este año se registró un homicidio cometido por un menor en Concordia, aunque destacó que se trata de un caso aislado. Aun así, enfatizó que “el Estado se tiene que ocupar” de estos incidentes, y que la privación de la libertad por sí sola no aborda las causas subyacentes del comportamiento delictivo.
El rol de las organizaciones delictivas
Benítez también señaló la preocupación por el uso de menores en organizaciones delictivas en otras provincias. Criticó que la atención estatal se centre en el adolescente involucrado en el delito y no en las bandas que podrían estar detrás de su utilización. “La solución no es ocuparse del último eslabón de la cadena”, afirmó, instando a centrarse en las organizaciones que fomentan estos delitos.
Una mirada más amplia sobre la seguridad
Finalmente, el Defensor General enfatizó que la reducción de la edad de punibilidad no necesariamente incrementará la seguridad en el país, ya que los delitos cometidos por adolescentes representan solo un 2% del total en Argentina. Benítez concluyó que es vital desarrollar una política de seguridad integral que aborde tanto los delitos graves como las problemáticas sociales que afectan a los jóvenes.
Fuente: Diario Río Uruguay
