Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dio un paso significativo en su plan de regularización catastral al detectar una masiva irregularidad en Concepción del Uruguay. Mediante operativos de control, el organismo identificó más de 700.000 metros cuadrados de edificaciones que no figuraban en los registros oficiales. El impacto económico de esta omisión se estima en más de 1.300 millones de pesos en concepto de Impuesto Inmobiliario, afectando la equidad tributaria frente a los contribuyentes que mantienen sus declaraciones al día.
El relevamiento en números: de pastizales a mansiones
El despliegue técnico en «La Histórica» arrojó datos que exponen la magnitud de la informalidad detectada. Según el informe oficial, el proceso alcanzó a casi 4.000 partidas inmobiliarias. Un dato central es que el 100% de lo impactado en esta etapa corresponde a inmuebles que figuraban registrados como terrenos baldíos, pero que en la realidad cuentan con obras terminadas o mejoras edilicias de gran porte.
Desde ATER señalaron que se han detectado casos extremos, como viviendas de tres pisos y construcciones que superan los 1.000 m² de superficie que, hasta el momento, tributaban como si fueran simples pastizales. Esta cifra de 700.000 m² representa aproximadamente el 20% de lo que el organismo estima formalizar en la ciudad una vez que concluya la etapa de regularización vigente.
Tecnología satelital y operativos de campo
La clave para el éxito de esta detección reside en la implementación de herramientas tecnológicas propias. El organismo combina el uso de su Visor Catastral con relevamiento satelital de alta precisión, permitiendo identificar de forma remota las mejoras no declaradas. Se trata de un procedimiento ejecutado íntegramente por personal técnico de la Administradora, lo que garantiza eficiencia sin generar costos adicionales para el Estado ni para el contribuyente cumplidor.
Sin embargo, el plan no es exclusivamente remoto. Se realizaron operativos presenciales en más de 140 partidas que presentaban las inconsistencias más notorias, incluyendo zonas residenciales y dos barrios privados. Estas inspecciones se enfocan especialmente en estructuras que superan los 1.000 m² para verificar si se trata de viviendas, galpones o emprendimientos económicos que requieran una categorización específica.
Declaración digital y facilidades para la regularización
En el marco de su proceso de modernización, ATER recordó que la declaración de mejoras es una obligación legal ante cualquier nueva construcción. Para facilitar este trámite, se ha habilitado un circuito digital y gratuito a través del portal de ARCA. Este mecanismo permite a los propietarios presentar su Declaración Jurada (DDJJ) de forma ágil, reduciendo la necesidad de gestiones presenciales y facilitando el cumplimiento de la normativa.
El objetivo de esta simplificación es doble: por un lado, fortalecer el control mediante la tecnología y, por el otro, ofrecer un camino sencillo para que el ciudadano pueda poner sus papeles en regla. La detección de estos metros cuadrados implica su incorporación automática a los registros, lo que se verá reflejado en las próximas boletas de impuestos.
Impacto en el sistema y justicia tributaria
Los metros cuadrados identificados se suman al sistema para corregir lo que las autoridades califican como una «inequidad histórica». En caso de que un propietario no esté de acuerdo con la información incorporada de oficio por el organismo, podrá realizar la Declaración Jurada rectificativa correspondiente a través de las vías habilitadas o solicitar asistencia en las oficinas locales de ATER.
Con este avance, la provincia busca garantizar que cada contribuyente tribute de acuerdo a la realidad edilicia de su inmueble. El plan de fiscalización continuará en otras localidades entrerrianas, bajo la premisa de que la actualización catastral es una herramienta fundamental para la justicia tributaria y el sostenimiento de los recursos públicos.
