Paraná, Entre Ríos.
El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó una sentencia ejemplar en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral, ocurrida en un establecimiento rural del departamento Concordia. El fallo recayó sobre Yamil Ale Abdala, propietario de un campo ubicado en cercanías de Calabacillas, y sobre su capataz, Sandro de la Cruz Vázquez. La investigación, iniciada tras inspecciones de organismos estatales, dejó al descubierto las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos trabajadores rurales provenientes de la provincia de Misiones.
Las condenas y la reparación económica
El tribunal, presidido por la jueza Noemí Berros, hizo lugar al pedido del fiscal general José Ignacio Candioti. Abdala fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo como autor responsable del delito. Por su parte, el capataz De la Cruz Vázquez recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, al ser considerado partícipe secundario en la maniobra. Además de las penas privativas de la libertad, los jueces ordenaron una reparación económica para las cinco víctimas, la cual supera los 11 millones de pesos en total, reconociendo el daño sufrido por los trabajadores.
Engaño y vulnerabilidad de las víctimas
Según la acusación fiscal, las víctimas eran personas migrantes oriundas de Irigoyen y Eldorado, Misiones, lo que configuraba una situación de vulnerabilidad preexistente. El engaño comenzó con la captación: el capataz envió fotografías de un predio rural en óptimas condiciones que no se correspondía con el lugar real de trabajo. Una vez trasladados y acogidos en Puerto Yeruá, los hombres fueron sometidos a tareas forestales y de desmonte en condiciones de aislamiento total y dependencia absoluta de sus empleadores.
Condiciones de vida en el predio rural
Durante el debate, se presentaron actas de AFIP y del Ministerio de Trabajo que detallaron las condiciones “infrahumanas” del lugar. Los trabajadores habitaban chozas de madera construidas por ellos mismos con materiales suministrados en el predio, con pisos de tierra y sin acceso a servicios básicos como gas, cocina, sanitarios o luz eléctrica. El fiscal adjunto, Juan Podhainy, recordó que las declaraciones de los inspectores fueron fundamentales para constatar la precariedad edilicia y el trato indigno que recibía el personal.
Jornadas laborales y falta de pago
La explotación no solo se manifestó en el entorno habitacional, sino también en la carga horaria. Los cinco hombres cumplían jornadas extensas de lunes a lunes, sin días de descanso. Además de los trabajos de desmonte para los que fueron contratados, se les exigieron labores de limpieza previa que no formaban parte de la oferta inicial y que nunca fueron abonadas. El Tribunal dio por acreditado el material probatorio, tanto documental como testimonial, concluyendo que existió un control total sobre las víctimas en un contexto de explotación maderera.
El Once
