Un importante despliegue policial sacudió la tarde de San Salvador este jueves, tras una denuncia que derivó en un operativo certero en el corazón del Barrio Ferrocarril. Lo que comenzó como una causa por amenazas terminó revelando la presencia de armamento no declarado dentro de una vivienda particular, activando de inmediato el protocolo de secuestro y dejando al propietario bajo la lupa de la justicia entrerriana por la tenencia de estos elementos de alto poder.
Operativo relámpago a las 16:30 horas
El procedimiento se llevó a cabo en la jornada de hoy, precisamente a las 16:30 horas, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de San Salvador y con la autorización del Juzgado de Garantías N° 4 de la ciudad de Concordia. Los efectivos policiales irrumpieron en el domicilio tras una investigación previa originada por una denuncia por el delito de Amenazas, la cual exigía el registro inmediato del inmueble para asegurar la integridad de la víctima y recolectar pruebas vinculantes.
Resultado positivo: armas largas y cartuchería secuestrada
La requisa, que incluyó tanto el registro domiciliario como la inspección personal y vehicular de los presentes, arrojó un resultado positivo. Según confirmaron fuentes policiales, los uniformados lograron el formal secuestro de dos armas largas de fuego, las cuales se encontraban operativas en el lugar. Además, se incautó una cantidad significativa de cartuchería de diferentes calibres, elementos que fueron puestos a resguardo como evidencia clave para la causa que tramita en la fiscalía local.
Investigación abierta y situación del imputado
Tras el hallazgo del arsenal, las autoridades confirmaron que se continúa con la línea investigativa para determinar la procedencia de las armas y si las mismas guardan relación con otros hechos delictivos en la zona. El secuestro del armamento y las municiones complica la situación procesal del denunciado, quien ahora deberá responder no solo por las amenazas originales, sino también por la tenencia del material bélico hallado en su propiedad. El magistrado interviniente dispuso que las armas sean peritadas para conocer su estado de funcionamiento y numeración.
