La tensión en el sector agropecuario alcanzó un nuevo pico tras el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la desregulación del sistema sanitario ganadero. La Federación Agraria Argentina (FAA) emitió un contundente documento titulado “El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona”, donde ratificó su rechazo a la medida que permitirá a los productores elegir veterinarios privados para las campañas de vacunación. Según la entidad, esta decisión, tomada de manera inconsulta, pone en riesgo un capital sanitario construido durante décadas y reconocido a nivel mundial.
El fin de un esquema histórico y la apuesta oficial por la competencia
La medida oficial, que entrará en vigencia en 2027, busca modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis que rige desde hace años bajo la órbita de entes sanitarios. Desde el Gobierno argumentan que la habilitación de profesionales privados introducirá mayor competencia, lo que derivaría en una reducción de costos para los productores y una mejora en la eficiencia del sistema. Sin embargo, para la FAA, este cambio estructural debilita la articulación público-privada que ha permitido a la Argentina sostener estándares sanitarios de excelencia frente a los mercados externos.
Bajar costos vs. seguridad sanitaria: el eje del conflicto
Desde la entidad ruralista aclararon que, si bien el sector necesita imperiosamente reducir sus costos operativos, el camino elegido no es el adecuado. “Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino”, señalaron en el comunicado. La Federación sostiene que el Estado debería haber controlado y ordenado a los entes donde los valores estaban desfasados, en lugar de debilitar un sistema solidario. Para la FAA, la obligación estatal radica en controlar el precio de la vacuna y su aplicación, sin desmantelar la estructura que garantiza el control efectivo de la sanidad animal.
Alerta por la pérdida de control ante posibles emergencias
Uno de los puntos más críticos señalados por los productores es la pérdida de capacidad de respuesta ante una eventual crisis sanitaria. Advierten que, con la nueva normativa, se restringe el poder de contralor del Senasa y se diluye la capacidad de los entes para generar “anillos sanitarios” de contención. “En caso de una emergencia, los entes ya no tendrán la misma capacidad de respuesta”, enfatizaron. La preocupación radica en que el sistema de vacunación actual no solo aplica la dosis, sino que garantiza la trazabilidad y el seguimiento riguroso de cada rodeo.
El desafío de sostener los mercados internacionales
La nota de la Federación concluye con una advertencia sobre el futuro de la ganadería argentina en un contexto global cada vez más exigente. Aseguran que fortalecer el sistema actual es la única vía para sostener y ampliar los mercados de exportación. Según la entidad, la desarticulación del esquema vigente podría interpretarse como un retroceso en materia de seguridad, lo que afectaría la confianza de los compradores externos. El documento cierra exigiendo que se priorice la sanidad y trazabilidad como una política de Estado que trascienda la coyuntura económica de corto plazo.
Apf
