En un intento por destrabar el conflicto salarial y garantizar el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno provincial formalizó este miércoles una convocatoria a audiencia de conciliación para las entidades sindicales del sector educativo. La medida busca frenar el plan de lucha anunciado por los maestros y reabrir una instancia de diálogo bajo un marco legal específico que impide la realización de medidas de fuerza mientras duren las negociaciones supervisadas por la autoridad laboral.
Convocatoria oficial en la Secretaría de Trabajo
A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, se citó a los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). La reunión ha sido programada para el próximo lunes 2 de marzo, a las 15:00 horas, en la sede del organismo laboral ubicada en la capital provincial.
Marco legal y freno a las medidas de fuerza
La disposición administrativa se fundamenta en el artículo 16º de la Ley Provincial 9.624, que regula las paritarias docentes y establece el mecanismo de conciliación obligatoria ante situaciones de conflicto. Al activarse esta herramienta jurídica, las partes quedan obligadas a retrotraer la situación al estado anterior al conflicto. Para los gremios, esto implica la suspensión de los paros anunciados, mientras que para el Estado supone la obligación de mantener abierta la mesa de negociación para mejorar la oferta salarial rechazada inicialmente.
El inicio de clases en el centro de la escena
La fecha de la audiencia coincide con el día previsto para el comienzo de las clases en toda la provincia. Cabe recordar que los gremios habían declarado el estado de “conflicto” tras considerar insuficiente la propuesta de sumas fijas no remunerativas presentada por la Casa Gris el pasado lunes. Además, Agmer ya había ratificado su adhesión a un paro nacional de 24 horas convocado por Ctera, medida que ahora queda supeditada a la postura que adopten los equipos legales de los sindicatos frente a la notificación de la conciliación obligatoria.
Expectativas por una nueva propuesta salarial
Desde el ámbito oficial se espera que este nuevo encuentro permita acercar posiciones y evitar la pérdida de días de clases. El mecanismo de conciliación otorga un plazo de quince días hábiles, prorrogables por otros cinco, para que el Gobierno y los sindicatos lleguen a un acuerdo. Durante este período, se prevé que las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y del Ministerio de Hacienda trabajen en una contrapropuesta que contemple los reclamos de recomposición salarial exigidos por los representantes de los trabajadores de la educación.
