Concordia, Entre Ríos.
La Municipalidad de Concordia, a través de su equipo jurídico, presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos para cuestionar la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El fallo judicial de primera instancia ordenaba la reincorporación de un trabajador municipal cuya estabilidad laboral había sido revocada por la actual administración, al considerar que su nombramiento inicial no cumplía con los requisitos legales vigentes.
La postura legal del Ejecutivo municipal
El Subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Dr. Ignacio Del Valle, confirmó que la sentencia dictada por la Cámara no se encuentra firme. Por este motivo, el Ejecutivo decidió elevar el caso a la máxima instancia judicial de la provincia con el objetivo de que se revea la resolución. Desde el municipio señalaron que, si bien respetan la decisión de los camaristas, discrepan profundamente con las conclusiones que evitaron analizar la “cuestión de fondo” detrás del decreto de revocación.
Argumentos sobre la presunta ilegalidad del nombramiento
Para la actual gestión, el pase a planta permanente del agente en cuestión se realizó bajo condiciones de absoluta irregularidad. Según explicó Del Valle, el beneficiario se desempeñaba como funcionario político al momento de obtener la estabilidad e incluso continuó en funciones jerárquicas con posterioridad al decreto de pase a planta. Las autoridades municipales sostienen que esto representa una violación directa a la Ordenanza Municipal N.º 32637, la cual prohíbe expresamente que funcionarios políticos accedan a la planta permanente y obtengan estabilidad hasta que haya transcurrido al menos un año desde el cese de su mandato.
Impacto en la carrera administrativa y equidad laboral
Desde la Subsecretaría de Legal y Técnica afirmaron que permitir este tipo de designaciones va en detrimento de los trabajadores de carrera que esperan años por un concurso o por el acceso a la planta permanente. El funcionario ejemplificó que, bajo el criterio de la Cámara, si un intendente decidiera pasar a planta a todo su gabinete antes de terminar su gestión, el municipio se vería obligado a iniciar largas acciones judiciales de lesividad y esperar años para revocar medidas que consideran “manifiestamente ilegítimas”.
Autotutela administrativa frente a actos gravosos
Finalmente, el municipio fundamentó su proceder en la facultad de la administración pública de hacer cesar actos administrativos cuando la ilegalidad es “evidente y gravosa”. Según el planteo que ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia, la gestión local sostiene que ante una irregularidad de tal magnitud, el Estado se encuentra ante la disyuntiva de esperar una resolución judicial definitiva o actuar de forma inmediata para proteger el patrimonio y la normativa pública, tal como se decidió oportunamente al anular el decreto de estabilidad del agente.
