Una medida de fuerza drástica sacude a la provincia este miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Los prestadores de servicios para personas con discapacidad confirmaron un cese total de actividades que dejará a miles de familias sin atención especializada. La protesta, convocada por el Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad, responde a una crisis financiera sin precedentes que mantiene a las instituciones al borde del colapso operativo por la falta de giros de fondos desde el Gobierno Nacional.
Servicios suspendidos y “asfixia económica” en las instituciones
El paro de 48 horas afecta de manera directa a centros de día, escuelas especiales, servicios de rehabilitación y transporte adaptado. El reclamo central apunta a la denominada “asfixia económica” que atraviesa el sector debido a deudas acumuladas de varios meses en programas críticos como PAMI e Incluir Salud. Según advierten las organizaciones, el retraso sistemático en la liquidación de las facturaciones impide cubrir los costos básicos de funcionamiento y garantizar la continuidad de los tratamientos esenciales para los usuarios en todo el territorio entrerriano.
Centros terapéuticos en riesgo de cierre definitivo
La situación ha pasado de ser una preocupación administrativa a una amenaza real para la infraestructura de salud. Profesionales del área prestacional en Entre Ríos alertan que varios centros terapéuticos están cerrando sus puertas por no poder sostenerse económicamente. Esta falta de previsibilidad financiera impacta no solo en la infraestructura, sino también en los trabajadores, quienes enfrentan retrasos en el pago de sus salarios. Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación no ha brindado un cronograma de pagos concreto que permita destrabar el conflicto.
Miles de familias afectadas por el ajuste en los fondos
El impacto de esta medida de fuerza recae sobre un sector sumamente vulnerable. Al interrumpirse los apoyos de maestras integradoras y acompañantes terapéuticos, se vulneran derechos fundamentales de las personas con discapacidad, quienes ven cortados sus procesos de aprendizaje y rehabilitación. Las organizaciones advierten que, sin una actualización arancelaria acorde a la inflación y la regularización inmediata de las deudas pendientes, el conflicto podría escalar, dejando a miles de entrerrianos sin la asistencia técnica y humana necesaria para su vida cotidiana.
Continuidad de las medidas y falta de respuestas oficiales
Tras la jornada de protesta del pasado viernes 13, la decisión de profundizar el plan de lucha refleja el agotamiento de las instancias de diálogo. El sector se mantiene en estado de alerta permanente a la espera de una respuesta por parte del ministro de Salud, Mario Lugones. Mientras tanto, el cese de actividades de este miércoles y jueves marca un punto de inflexión en la relación entre los prestadores y el Estado, con la advertencia de que las medidas podrían extenderse por tiempo indeterminado si no aparecen soluciones financieras urgentes.
Apf
