En una sesión clave para el futuro del desarrollo urbano, el municipio ha decidido dar un giro drástico en su política de tierras y viviendas. Tras años de funcionamiento bajo una estructura autárquica, un duro diagnóstico técnico reveló fallas estructurales que dejaban a los vecinos con terrenos sin servicios y deudas millonarias difíciles de rastrear. La nueva estrategia busca eliminar la burocracia duplicada y garantizar que, de ahora en adelante, no se entregue un solo lote sin que las redes de agua y cloacas estén realmente conectadas al sistema de la ciudad.
Disolución estratégica: Obras Públicas absorbe la planificación de viviendas
Esta mañana se aprobó el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo para disolver el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM). La medida forma parte de un proceso de modernización y eficiencia del Estado que busca concentrar la planificación urbana dentro de la Secretaría de Obras Públicas. Desde el municipio aclararon enfáticamente que esto no significa el fin de las políticas de acceso a la tierra, sino una integración administrativa para lograr un desarrollo más ordenado y con resultados reales para los vecinos de Concordia.
El diagnóstico del caos: Solo el 6,6% del presupuesto era ingreso genuino
La decisión de cerrar el organismo se sustenta en un análisis técnico que detectó una falta de autonomía financiera real. Según el informe, solo el 6,6% del presupuesto del INVyTAM correspondía a ingresos genuinos, dependiendo casi totalmente de aportes municipales directos. Además, se detectó un preocupante desorden administrativo con múltiples sistemas de registro y una superposición de funciones, donde gran parte de la estructura ya operaba bajo la órbita del Municipio, generando gastos innecesarios y falta de transparencia en el control de pagos.
Obras fantasma: Barrios con redes internas pero sin conexión troncal
Uno de los puntos más críticos del relevamiento técnico expuso deficiencias que impactaron directamente en los beneficiarios. Se detectó que en urbanizaciones ejecutadas entre 2017 y 2022, se realizaron redes internas de agua y cloaca que nunca fueron vinculadas a las redes troncales de la ciudad, dejando las obras inoperativas. Asimismo, el municipio confirmó que se adjudicaron terrenos sin garantizar infraestructura básica como electricidad o saneamiento. A esto se suma un alarmante nivel de incobrabilidad que alcanza entre el 50% y el 75% en diversos programas habitacionales.
Garantía para los vecinos: Continuidad de obras y derechos adquiridos
Ante la incertidumbre que genera el cambio estructural, el Ejecutivo Municipal llevó tranquilidad a quienes tienen trámites vigentes. Se remarcó que las obras en ejecución continuarán con normalidad y que se respetarán todos los derechos adquiridos por los adjudicatarios. Los programas actuales seguirán activos y los procesos administrativos no sufrirán interrupciones, con la salvedad de que los cobros de convenios de pago ahora se centralizarán en la Dirección de Rentas. El objetivo final es que las soluciones habitacionales lleguen con la infraestructura necesaria desde el primer día.
