El conflicto docente en Entre Ríos ha escalado a un nuevo y crítico nivel legal que podría cambiar el rumbo de las paritarias en la provincia. Tras el rechazo rotundo de los gremios a las últimas propuestas oficiales, la principal asociación docente ha decidido impugnar ante la Justicia la validez de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. El foco de la tormenta se centra en la naturaleza de los pagos anunciados, los cuales, según denuncian, vulneran los derechos básicos de los trabajadores y ponen en jaque la sostenibilidad de la obra social y el sistema jubilatorio provincial, abriendo un escenario de incertidumbre para miles de maestros y jubilados.
Demanda judicial: AGMER busca declarar inconstitucional el Decreto 500/26
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 emitido por el Ejecutivo Provincial. El eje del reclamo judicial es la inclusión de “montos en negro” dentro de la pauta salarial docente, una práctica que el sindicato señala como estrictamente vedada por la Constitución de la provincia. La presentación ante el Poder Judicial busca que se anule el carácter “no remunerativo” de las sumas otorgadas bajo los conceptos de FOPID y Conectividad, exigiendo que estos ítems sean integrados al salario básico con todos los aportes de ley correspondientes.
El conflicto por la movilidad: Reclamo por el 82% para jubilados
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia penal y administrativa tiene que ver con el impacto de estas sumas en el sector pasivo. AGMER demanda que se abonen a los trabajadores jubilados los montos proporcionales que corresponden por la movilidad del 82% sobre los rubros FOPID y CPC (Conectividad). Al ser liquidados actualmente como sumas no remunerativas, estos incrementos no se trasladan de forma automática a los haberes de los pasivos, lo que el gremio considera una maniobra que desfinancia el bolsillo de quienes ya se retiraron del sistema educativo entrerriano.
Aportes en riesgo: Exigen fondos para la Caja de Jubilaciones y el IOSPER
La demanda no solo se limita a la recomposición del salario de bolsillo, sino que pone el foco en el financiamiento del Estado. El sindicato exige el envío inmediato de los fondos destinados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, así como a la obra social provincial (IOSPER), en concepto de aportes patronales. Según la presentación, al otorgar aumentos mediante montos no remunerativos, el Gobierno Provincial evita realizar las contribuciones de seguridad social, lo que genera un daño colateral en el sistema de salud y previsional de todos los empleados públicos de la provincia.
Decisión unilateral: El trasfondo de una paritaria estancada
El Decreto 500/26 fue emitido por el gobierno luego de que su propuesta fuera rechazada por la totalidad de los sindicatos docentes en el ámbito de las negociaciones paritarias. Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo fijó el aumento de manera unilateral, incluyendo los cuestionados conceptos que AGMER califica como una “ilegalidad” por contradecir la Carta Magna provincial. Desde el gremio advirtieron que esta medida está muy lejos de cubrir la necesidad real de recomposición salarial frente a la inflación y que la vía judicial es el paso necesario para frenar lo que consideran un retroceso en los derechos laborales adquiridos.
