La contratación del servicio de recolección de residuos en Concordia vuelve a ser objeto de controversia. Concejales del Partido Justicialista, Carolina Amiano y Claudia Villalba, han solicitado formalmente al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que realice un análisis exhaustivo del procedimiento administrativo relacionado con este contrato.
Acción legislativa en busca de respuestas
En una entrevista, la concejal Amiano destacó que esta acción se enmarca dentro de sus funciones como legisladoras locales, mencionando que han optado por apelar a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debido a la falta de respuestas por parte de la municipalidad. “Buscamos obtener los datos necesarios para ejercer nuestra labor de control”, afirmó.
Cuestionamientos sobre el proceso de contratación
Amiano puso en relieve la relación entre la reciente declaración de emergencia ambiental y la contratación de la empresa VITSA, la cual se aprobó de manera acelerada el 19 de marzo. Según la concejal, el problema no radica solo en la emergencia, sino en la forma en que se realizó la contratación el mismo día de la aprobación de la ordenanza.
Revisión del procedimiento administrativo
La concejal manifestó que la situación amerita una revisión del proceso administrativo, considerando que se han incumplido normativas esenciales. “Exponemos nuestros argumentos y contamos con evidencia que respalda nuestras afirmaciones sobre el alquiler de un galpón antes de la contratación”, explicó Amiano.
Solicitud de celeridad ante el monto involucrado
Respecto a los plazos de respuesta del Tribunal de Cuentas, Amiano señaló que no hay un tiempo definido, pero solicitaron rapidez debido a que se trata de más de 3.000 millones de pesos anuales destinados al servicio, lo que podría perjudicar significativamente las finanzas municipales.
Reclamos por la calidad del servicio
La concejal también hizo hincapié en que el servicio de recolección no está cumpliendo con los estándares esperados, recibiendo constantes quejas de los vecinos. “La situación es insostenible, y hemos recopilado pruebas que demuestran la falta de cumplimiento por parte de la empresa contratada”, subrayó.
Costos del convenio y su impacto
Amiano criticó el convenio firmado con VITSA, indicando que los términos favorecen a la empresa y cuestionando el alto costo del servicio, que asciende a 250 millones de pesos con actualizaciones programadas. “Se espera un aumento significativo en breve, lo que podría agravar la situación financiera del municipio”, advirtió.
Objetivo de la solicitud ante el Tribunal de Cuentas
La concejal concluyó enfatizando que su solicitud al Tribunal tiene como objetivo principal asegurar que la contratación se haya realizado de acuerdo a las normativas vigentes. “Es fundamental que se verifique si se cumplieron los requisitos establecidos, incluso en situaciones de excepción”, finalizó.
Fuente: Diario Río Uruguay
