Un conflicto sin precedentes sacude a la comunidad educativa de Concordia, donde una discusión por el costo de la indumentaria de trabajo terminó con una trabajadora en la calle y sin recibir sus haberes correspondientes. Lo que comenzó como un reclamo por el elevado precio de una prenda del uniforme derivó en una denuncia formal por prácticas abusivas y persecución sindical. Mientras tanto, la institución se encuentra en el ojo de la tormenta no solo por este despido, sino por una asfixiante situación financiera que mantiene al resto del personal sin cobrar sus sueldos. Entre embargos judiciales y ausencias en la Secretaría de Trabajo, el clima de tensión crece y la incertidumbre se apodera de docentes y familias.
El conflicto por el costo del uniforme
El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) denunció que una docente de la Escuela Integral N°29 “Semillas de Esperanza” fue despedida tras cuestionar el precio de una campera obligatoria para el personal. Según relató Alejandra Frank, secretaria general del gremio, la trabajadora consideró que el costo de la prenda era excesivo y manifestó su malestar al resto de sus compañeros. Esta acción habría motivado que el apoderado legal de la institución, Félix Ferreyra, tomara la decisión de prescindir de sus servicios. Hasta la fecha, se denunció que la docente no ha percibido su indemnización correspondiente por ley.
Embargos y atrasos en el pago de salarios
La situación en la Escuela “Semillas de Esperanza” presenta un trasfondo económico crítico. Hace dos años, otra profesional de la institución fue despedida y, ante la falta de pago de su indemnización, inició acciones legales que derivaron en un embargo de las cuentas bancarias del colegio. Como consecuencia directa de esta medida judicial, la escuela no cuenta actualmente con fondos para afrontar el pago de salarios del personal vigente. Leandro Pereyra, integrante de Sadop, confirmó que los docentes solo han percibido pagos parciales o, en muchos casos, no han cobrado sus haberes.
Denuncias de presión y persecución gremial
Desde Sadop advirtieron que los docentes de escuelas privadas en Entre Ríos enfrentan serias dificultades para ejercer su derecho a reclamo. Alejandra Frank señaló que muchos trabajadores se sienten amenazados o con miedo a realizar medidas de fuerza debido a presiones de los empleadores o incluso de los padres de los alumnos. Según la dirigente, existe el temor constante de que no se renueven las suplencias o se impida el ascenso a cargos directivos a quienes participen de huelgas. En este caso puntual, se suma la acusación sobre el trato del apoderado legal hacia su personal, quien no se ha presentado a las audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo.
Pedido de intervención al Consejo General de Educación
Ante la gravedad de los hechos, el gremio busca una audiencia con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, para plantear estas problemáticas de manera urgente. Denuncian que, hasta el momento, el funcionario ha mantenido reuniones con los apoderados legales de las instituciones pero no ha escuchado la voz de los trabajadores. El objetivo de Sadop es visibilizar las irregularidades en las escuelas de gestión privada y exigir mecanismos que garanticen la estabilidad laboral y el pago en término de los salarios, evitando que los docentes sigan siendo la variable de ajuste ante crisis financieras institucionales.
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