Las comisiones de Salud y Legislación General del Senado han dado un paso significativo al firmar el dictamen de la reforma de la Ley de Salud Mental, a pesar de la disidencia entre algunos aliados y la falta de apoyo del bloque peronista. El objetivo del oficialismo es llevar la iniciativa al recinto el próximo jueves 22 de octubre.
Diálogo y Cambios Sustanciales
La reunión, que tuvo lugar en el Salón Azul del Palacio Legislativo, fue liderada por la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, y Nadia Márquez, responsable de Legislación General. Este texto es el resultado de meses de debate y consultas con expertos y representantes de diversas provincias, lo que, según Arrascaeta, ha enriquecido el proyecto.
Opiniones Divergentes
A pesar del respaldo de algunos senadores como María Belén Montes de Oca, quienes consideran que el proyecto ha mejorado, otros como el senador Carlos Arce y la radical Mercedes Valenzuela han expresado su desacuerdo en ciertos aspectos, especialmente en lo que respecta a la garantía de financiamiento para la reforma. Ambos senadores firmaron el dictamen, pero lo hicieron en disidencia.
Preocupaciones por el Presupuesto
Durante el debate, la necesidad de asegurar las asignaciones presupuestarias fue un tema recurrente. El senador Jorge Capitanich planteó la urgencia de un consenso más amplio y la importancia de considerar los recursos necesarios para implementar efectivamente la reforma. Fernando Salino, de Justicia Social Federal, advirtió que sin un financiamiento adecuado, la reforma podría no tener efecto práctico.
Aspectos Clave de la Reforma
Uno de los cambios más relevantes que se introduce es un nuevo esquema de intervención judicial. Las internaciones voluntarias ya no requerirán autorización judicial, aunque los juzgados podrán solicitar informes pertinentes. Además, la reforma incluye la ludopatía en el marco de adicciones y establece un sistema de atención por equipos infantojuveniles, con un enfoque en la autonomía del paciente y el abordaje familiar.
Las prácticas manicomiales quedarán prohibidas, y se restituirán modalidades de atención ambulatoria y domiciliar, así como centros de capacitación sociolaboral. También se definirá la internación prolongada y se establecerá un registro para estas situaciones, garantizando así un control más riguroso.
Finalmente, se incorpora el derecho de los pacientes a consentir o rechazar tratamientos anticipadamente, lo que representa un avance en la autonomía y el respeto por la voluntad del individuo en el ámbito de la salud mental.
Fuente: Apf
