César Antonio Girolami, un contratista agropecuario de 60 años, ha sido condenado tras admitir en un juicio abreviado su responsabilidad en la explotación laboral de un trabajador durante una década. Este caso se ha convertido en uno de los ejemplos más impactantes de trata laboral en la provincia de Entre Ríos.
La víctima, un hombre de 45 años proveniente de Misiones, fue sometido a condiciones de vida indignas en la estancia “Las Piedras”, propiedad de la firma Doña Inés S.A., ubicada en el departamento Federal. A pesar de la gravedad de los hechos, Girolami recibió una pena leve de tres años de prisión condicional y deberá pagar a la víctima 22 millones de pesos como reparación integral.
Condiciones inhumanas
La situación del trabajador comenzó en 2010, cuando fue presentado a Girolami como una opción laboral. Sin embargo, lo que parecía ser una oportunidad se transformó en un calvario. La víctima fue alojada en un paraje aislado, sin acceso a agua potable, electricidad o condiciones mínimas de higiene, viviendo en una choza precaria y sufriendo una alimentación insuficiente. La jueza Noemí Berros describió estas condiciones como “indignas e inhumanas”.
Denuncia y allanamiento
El caso fue descubierto el 15 de diciembre de 2021, cuando funcionarios de la Secretaría de Trabajo, alarmados por la situación del hombre, realizaron una denuncia. En el allanamiento del 23 de diciembre, se constató la miseria en la que vivía, lo que llevó a la intervención de Gendarmería Nacional y del Programa Nacional de Rescate. Los testimonios de otros trabajadores corroboraron la situación de explotación y el maltrato al que fue sometido.
Juicio y condena
El acuerdo de juicio abreviado se formalizó el 17 de septiembre, y la sentencia fue dictada el 1° de octubre. La figura delictiva encuadrada fue la trata de personas con fines de explotación laboral, y aunque la pena fue mínima, se impusieron reglas de conducta que Girolami deberá seguir. La jueza Berros destacó la importancia de la reparación económica como un paso hacia la justicia restaurativa, subrayando que el contratista se beneficiaba económicamente a expensas de su víctima.
Este caso resalta la necesidad de visibilizar y combatir la explotación laboral en el ámbito rural, así como la importancia de una justicia que no solo castigue, sino que también busque reparar el daño causado.
Fuente: Diario Río Uruguay
