Una de las decisiones más polémicas del año en materia turística y ambiental se ha materializado con un ajuste que modificará los planes de miles de viajeros. En un contexto de reestructuración estatal y recortes presupuestarios, acceder a las principales reservas naturales del país demandará un desembolso significativamente mayor a partir de esta jornada. La medida impacta de manera directa en el territorio entrerriano, donde uno de los destinos más elegidos por el turismo familiar y escolar actualizó sus valores con incrementos que, en algunas categorías, llegan a duplicar el costo anterior. Mientras las autoridades defienden la necesidad de la actualización para el sostenimiento de las áreas protegidas, el sector privado observa con atención cómo responderá la demanda ante este nuevo esquema tarifario.
Incrementos de hasta el 117% en las entradas de 12 reservas
El Gobierno, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), aumentó este viernes los precios de las entradas a 12 parques nacionales del país. La medida, oficializada mediante la Resolución 132/2026 en el Boletín Oficial, establece subas promedio del 86% para los visitantes argentinos, del 60% para los residentes provinciales, del 42% para los extranjeros y del 117% para los estudiantes, quienes percibieron el mayor porcentaje de ajuste. El último incremento en los accesos a estas áreas protegidas se había registrado a fines de 2024.
Los nuevos valores para El Palmar de Colón
En el ámbito local, el incremento afecta directamente al Parque Nacional El Palmar, ubicado en el departamento Colón, Entre Ríos. Con el nuevo cuadro tarifario, la entrada para los visitantes argentinos aumentó de $7.000 a $12.000 (un alza del 71%), mientras que el ticket para los turistas extranjeros pasó de $20.000 a $25.000 (+25%). Por su parte, la tarifa destinada a los estudiantes se duplicó, escalando de los $5.000 que se abonaban anteriormente a $10.000 (+100%). Este mismo esquema de valores se aplicará también en los parques nacionales Talampaya y Sierra de las Quijadas.
El panorama en Iguazú, Los Glaciares y Patagonia
La resolución también fijó fuertes subas en los destinos más masivos de la Argentina. En el Parque Nacional Iguazú, el acceso para extranjeros subió a $60.000 y para nacionales a $25.000. En Los Glaciares (Santa Cruz), el ticket internacional alcanzó los $50.000, mientras que los residentes de esa provincia pagarán $8.000. Asimismo, en los parques de la región andino-patagónica como Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo, la entrada general para extranjeros escaló a $35.000 y la de visitantes nacionales se fijó en $15.000, representando una suba del 114,3% para el público local. Cabe destacar que se mantienen exentos del pago los jubilados, pensionados, niños de hasta 5 años, personas con discapacidad y residentes locales.
Justificación oficial y recorte presupuestario de $2.500 millones
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la actualización tarifaria busca una distribución más equitativa de los recursos para que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento de las 55 áreas protegidas del país. Además, señalaron la necesidad de integrar nuevos parques al Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos. Sin embargo, la medida coincide con la Decisión Administrativa 20/2026 de esta semana, mediante la cual la administración de Javier Milei modificó el presupuesto nacional y aplicó un recorte de más de $2.500 millones a las partidas de Parques Nacionales. Esta quita presupuestaria afectó de forma dispar a reservas como Nahuel Huapi (menos $191 millones), Lanín (menos $157 millones) y Tierra del Fuego (menos $77 millones).
Desregulación del sector turístico y rechazo gremial
Este ajuste se inscribe dentro de un proceso de reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación en la APN. Entre los cambios recientes se destaca la eliminación de la obligatoriedad de guías y de los informes de impacto ambiental, además de la apertura de un registro para que prestadores privados ofrezcan actividades comerciales dentro de los predios. La administración nacional sostiene que estas modificaciones buscan eliminar “rentas monopólicas” y fomentar la competitividad. En contraposición, las medidas han generado un fuerte rechazo en el sector turístico profesional, motivando protestas, manifestaciones y reclamos ante intendentes de las localidades afectadas por los cambios normativos.
