Una pareja argentina recibirá una indemnización por un viaje a Brasil que no pudo concretarse debido a la pandemia. La decisión, emitida por la Justicia Civil y Comercial, obliga a una aerolínea y a una agencia de viajes en línea a devolver el dinero de un paquete turístico que estaba programado para abril de 2020.
Detalles de la indemnización
El fallo establece un total de $225.738,32 más intereses, que incluye el reembolso de pasajes y alojamiento, así como $100.000 en concepto de daño moral. El juez Patricio Maraniello determinó responsabilidades distintas para las dos empresas involucradas.
Orígenes del conflicto
El paquete turístico, que comprendía vuelos y alojamiento en Búzios, Brasil, fue cancelado debido a las restricciones sanitarias impuestas durante la crisis del COVID-19. Inicialmente, la pareja solo recuperó una pequeña suma de $2.823,53 por asistencia médica, mientras que las solicitudes de reembolso de los pasajes y el hospedaje quedaron sin respuesta.
Argumentos de las empresas
La agencia de viajes alegó que actuó como intermediaria y no tenía control sobre las devoluciones de servicios de terceros, mientras que la aerolínea argumentó que la pandemia constituía una fuerza mayor. Sin embargo, el juez afirmó que la situación extraordinaria no eximía a las empresas de sus obligaciones de devolver el dinero a los consumidores.
Resultados de la pericia contable
Una auditoría contable reveló que se pagaron $38.575,40 por los boletos aéreos, los cuales debían ser reembolsados debido a que el servicio no fue prestado. En cuanto al alojamiento, aunque se ofrecieron alternativas, el juez determinó que no se cumplió con la obligación de reembolso, reconociendo un total de $87.162,92 por este concepto.
Consideraciones sobre daño moral
El tribunal también reconoció un daño moral de $100.000 debido a la incertidumbre y las múltiples gestiones realizadas por la pareja para recuperar su dinero. Sin embargo, se desestimó la solicitud de que los pasajes fueran reconocidos por su valor actualizado, ya que el juez consideró que debía devolverse el monto originalmente abonado.
En conclusión, la suma total que deberán abonar las empresas asciende a $225.738,32, más los intereses correspondientes, marcando un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores en situaciones de cancelación de servicios turísticos por causas de fuerza mayor.
Fuente: El Once
