Lo que muchos adolescentes consideran una simple travesía digital está a punto de convertirse en la peor pesadilla económica para sus familias. Ante la ola imparable de mensajes intimidatorios que paralizan el dictado de clases, el Gobierno de Entre Ríos ha decidido golpear donde más duele: el bolsillo. A través de un cruce legal sin precedentes, la provincia no solo llevará a los responsables ante la justicia, sino que exigirá que los tutores reembolsen cada centavo invertido en los megaoperativos de seguridad. Con cifras que ya escalan a niveles astronómicos, esta medida promete marcar un antes y un después en la responsabilidad parental sobre el uso de la tecnología.
Cumbre interministerial para frenar la ola de amenazas
En una reunión estratégica de carácter interdisciplinario, autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, el Copnaf y el área de Justicia definieron las acciones legales y económicas ante las constantes amenazas en establecimientos educativos. Del encuentro participaron figuras clave como el presidente del CGE, Carlos Cuenca, el jefe de Policía, Claudio González, el Secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el Juez de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto. El objetivo central fue establecer un mecanismo para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos más allá de la inimputabilidad penal por edad.
Recupero de gastos: una reparación civil obligatoria
El estado provincial determinó la viabilidad de promover el recupero de los gastos ocasionados por los operativos de seguridad bajo la figura de reparación civil por daños y perjuicios. Las autoridades enfatizaron que cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos con un “costo altísimo para los contribuyentes”. Según el Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1753 y 1755), la responsabilidad recae directamente sobre los progenitores o tutores, quienes deberán afrontar el pago de los despliegues provocados por las conductas irresponsables de los menores.
Cifras millonarias: el costo de la inseguridad ficticia
Durante la mesa de trabajo, las autoridades de seguridad estimaron que el costo total de los operativos realizados ante estos mensajes amenazantes ya supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye el despliegue de móviles, personal especializado, brigadas de explosivos y horas hombre que se restan de la prevención del delito común. Gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía provincial, ya se ha logrado individualizar a la mayoría de los autores en diversas localidades, lo que permitirá iniciar las demandas civiles de manera inmediata contra sus familias.
Alerta a las familias y supervisión digital
Desde la mesa de seguimiento se instó a los padres a tomar un rol activo y estricto en la supervisión de los dispositivos digitales de sus hijos. Los funcionarios fueron tajantes al declarar que estas acciones no deben ser vistas como “bromas estudiantiles”, sino como delitos penales que generan alarma pública. El uso de recursos públicos para atender falsas amenazas detrae capacidades operativas que deberían estar destinadas a combatir el crimen real, configurando un daño patrimonial que el Estado ya no está dispuesto a absorber de manera gratuita.
